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Con los objetivos de generar datos que permitan estudiar las políticas públicas tanto desde el punto de vista de sus destinatarios como de sus formuladores, así como realizar propuestas que permitan su mejora o fortalecimiento, se ha creado en la UNS un Observatorio del Derecho a la Alimentación.

El abogado Guillermo Garay Semper, quien coordinará el Observatorio, explicó que “la intención es institucionalizar un espacio para analizar y pensar las políticas públicas en el ámbito de la universidad. Proponemos estudiar la legislación, la justiciabilidad – es decir la posibilidad de las personas de reclamar por ese derecho- y también analizar las políticas públicas: el diseño estatal por los poderes involucrados, la implementación y la recepción por parte de los destinatarios”.

El Observatorio funcionará conjuntamente entre el Departamento de Derecho y la Subsecretaría de Extensión Universitaria. “Intentará llevar a cabo un análisis de la legislación, del acceso a justicia y de las políticas públicas tanto del orden municipal, como provincial y nacional, relativas al Derecho a la Alimentación. También, organizar encuestas y relevamientos en los comedores populares de la ciudad para conocer sus necesidades, inquietudes e interés en participar activamente en la discusión sobre las políticas públicas que aborden la cuestión alimentaria, y analizar los presupuestos estatales destinados a la materia alimentaria y su ejecución”, agregó el subsecretario de Extensión, abogado Martín Jasson.

“En caso de que el análisis muestre que la normativa es perfectible o que es inefectiva, se propondrán posibles soluciones normativas. Asimismo, si el problema es de implementación, se identificará la causa y se intentará formular una solución”, indica el proyecto. Podrán integrarlo docentes, estudiantes y graduados o graduadas, además de personas particulares de la comunidad interesados e involucrados en la temática.

“En el marco educativo –ya que funcionará dentro de la UNS- el Observatorio busca ser un espacio de análisis y discusión de la política pública, y sobre todo un espacio formativo para alumnos y alumnas, porque servirá, entre otras cosas para analizar las dificultades de efectivización de derechos y el salto de la letra de la ley hacia la realidad”, agregó Garay Semper.

“Otra de las actividades será promover mesas de diálogo de las cuales puedan participar los propios comedores, junto con representantes tanto del sector público como privado, y moderadas por la UNS. La agenda incluirá también la realización de capacitaciones por diversos expertos en la materia y convocatoria de estudiantes voluntarios cuya formación sea diversa y le otorgue un carácter interdisciplinario al espacio”, sumó Jasson.

Los antecedentes se remontan al año 2016. “En ese año en el Departamento de Derecho empezamos a participar en el Observatorio de Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe, que integran varias universidades de la región. Nosotros trabajamos sobre las políticas públicas hacia los comedores escolares y cómo se aplicaban en términos reales en Bahía Blanca. Dos años más tarde volvimos a participar, esta vez con el análisis de ejes como el síndrome urémico hemolítico y las donaciones, pero ya a nivel mundial”, explicó el coordinador. La resolución de creación en el Departamento de Derecho se emitió en 2019.