POLÍTICA
Repudio al Golpe de Estado de 1976
Dir. de Comunicación Institucional | 20-03-2017 08:00
A casi 41 años de la última interrupción del Estado de Derecho en Argentina, el CSU emitió una nueva declaración, de cara al próximo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
El plenario del CSU
El Consejo Superior Universitario emitió, en su último plenario, una nueva resolución para “Declarar el más enérgico repudio al último golpe de estado cívico-militar de la historia argentina y a sus precedentes, así como al plan de terrorismo estatal implementado por la dictadura”.
Además, los consejeros representantes de los docentes, no docentes y alumnos, también resolvieron “reafirmar el compromiso irrevocable en defensa del Estado de Derecho y de la soberanía popular”, y “apoyar la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad contra militares y civiles que participaron o fueron cómplices del plan criminal”.
En los fundamentos de la resolución, se destaca que “a partir del 24 de marzo de 1976 el gobierno dictatorial implementó un plan sistemático de desaparición de personas, secuestros, torturas, detenciones clandestinas, violaciones y apropiación de menores, constituyéndose en genocidio según lo establecido por tribunales nacionales e internacionales”.
También, que “las comunidades universitarias de las instituciones públicas fueron objetivos principales del gobierno dictatorial y así estudiantes, docentes, auxiliares de docencia, no docentes y docentes preuniversitarios fueron víctimas del Estado terrorista”, y que “la Universidad Nacional del Sur ha sido y es el lugar donde se desarrollan los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la ciudad de Bahía Blanca y su zona de influencia, transitándose un camino de justicia, verdad y memoria, así como de reparación a sus víctimas y familiares”.
A su vez, los consejeros destacan que “es responsabilidad ineludible de las Universidades Nacionales recordar en el tiempo el período más nefasto de nuestra historia nacional como ejercicio de memoria social con el fin de enseñar a las nuevas generaciones las consecuencias que implica sustituir el Estado de Derecho”, y que “es imprescindible para la consolidación de la democracia avanzar en el juzgamiento de los actores civiles que participaron o fueron cómplices de delitos de lesa humanidad”.